Parte del debate respecto a las políticas del Ministerio de Salud acerca de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) se ha centrado en lo inequitativo de su acceso. Esto es bastante lógico si observamos que resulta simple para jóvenes de estratos altos, con buenas mesadas que les dan sus padres, adquirir la AHE sin que sus padres sepan qué hacen, en tanto los jóvenes pobres no tienen cómo.

Y no sólo nos referimos a la AHE, sino que también hacemos una reflexión respecto a la información, al conocimiento, y al acceso a la variedad de métodos anticonceptivos disponibles.

Es sabido que en los estratos socioeconómicos más altos, la educación tiene una mejor calidad y los jóvenes reciben una formación más integral y adecuada. Si no es por el colegio o la familia, de todas maneras los jóvenes tienen las herramientas y las posibilidades de acceder a la información, al contrario de lo que se observa en sectores marginales.

No obstante, la escasez de recursos económicos restringe las opciones en los estratos más pobres, tornándoseles difícil -si no nula- la posibilidad de adquirir preservativos, anticonceptivos orales, y -lo que nos interesa- la AHE.

Las estadísticas lo confirman:

Las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa y La Reina (con menos de 25 nacidos vivos por cada mil mujeres menores de 19 años) han vendido 3.954 cajas de anticonceptivos de emergencia en el último año.
Las comunas de La Cisterna, Lo Espejo, La Granja y La Pintana (con más de 75 nacidos vivos por cada mil mujeres menores de 19 años) vendieron sólo 344 dosis.” [1]

Por lo que este debate no deja de estar enviciado de cierto doble estándar: mientras los sectores altos pueden acceder (y acceden) a la AHE por medio de su poder adquisitivo, los pobres no tienen casi ninguna posibilidad, a no ser que el Estado de Chile o una organización particular les ayude.

Y, como el problema es de los pobres… ¿a quién le importa?

[1] La Nación; 6 de septiembre de 2006.

Escrito por:
José Rafael Núñez Toso